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La comisión de investigación que estos días se ha celebrado en el Parlament balear ha servido al menos para abrirnos los ojos y revelar la lamentable realidad de las autovías de Ibiza: constituyen la mayor estafa a las cuentas públicas pitiusas de la democracia y un lastre que nos afectará durante generaciones. Ante las disparatadas cifras que se están barajando, resulta vergonzoso que aún haya quien siga defendiendo lo indefendible y no se le caiga la cara de vergüenza.

Entre los ranking de obras públicas con sobrecostes más exagerados del mundo, el soterramiento de la madrileña vía de circunvalación M-30, que impulsó el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, siempre figura en los puestos de cabeza. Las obras se ejecutaron entre 2004 y 2007 y partieron de un presupuesto inicial de 1.700 millones, para acabar costando más de 10.400. El proyecto fue intensamente criticado, tanto por la descomunal deuda como por las molestias que causó su ejecución. Hoy, aunque el agujero sigue pesando, nadie discute que los túneles de la M-30 transformaron la ciudad y donde antes había un hormiguero de coches hoy existe una espectacular zona verde para los ciudadanos –Madrid Río–, que discurre junto al cauce del Manzanares.

En proporción, los sobrecostes de las autovías ibicencas aún se vislumbran más exagerados que la obra faraónica de Gallardón. Pero, además, nos dejan como legado una trinchera inacabada, de estética lamentable, impropia de un destino turístico como el nuestro, que se inunda cada vez que caen cuatro gotas, colapsando la isla. A los ibicencos, a diferencia de los madrileños, no nos queda una infraestructura revolucionaria y transformadora para bien, sino una chapuza estratosférica que, además de dividirnos socialmente en su momento, seguiremos padeciendo eternamente porque nadie parece capaz de ponerle remedio.

Los números también corroboran el desmadre. Los presupuestos de 2017 del Govern balear, por ejemplo, se traducen en una puñalada a las necesidades urgentes de infraestructuras que sufrimos los ibicencos. De los 33,7 millones que se van a invertir en la isla, 23 se destinan al pago de las autovías. Sólo quedan 10, que apenas dan para nada. Y así continuaremos durante décadas.

Cuando se anunció la construcción de las autovías, su coste se estimó en 12 millones de euros. De ahí se pasó a un gasto real de 172 millones y, por este macabro invento del peaje en la sombra, los ciudadanos de Balears acabaremos abonando un total de 598 millones. De 12 a 598, un incremento de casi el 5.000 por ciento. El de Gallardón fue del 600 por ciento. El PP, que era quien gobernaba cuando se aprobó semejante barbaridad, niega dicho sobrecoste y compara el fenómeno con los intereses de adquirir una vivienda mediante hipoteca. ¿Cuántas casas creen que se venderían con préstamos a un interés del 5.000 por ciento?

La esgrima dialéctica que hemos escuchado en el Parlament, al basarse en cifras, resulta mareante y los ciudadanos, con los presupuestos de obras públicas, realmente no sabemos a qué atenernos. Nos pueden vender la moto que quieran y, ante nuestra ignorancia, no nos queda otra que callar. Sin embargo, en materia de autovías, existe una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea de 2013 que nos permite atisbar con realismo hasta qué punto lo ocurrido en Ibiza es un despropósito de magnitudes asombrosas. Dicho informe evalúa la inversión en carreteras en nuestro país entre los años 2000 y 2013 y pone el énfasis en el hecho de que construir autovías en España resulta cuatro veces más caro que hacerlo en Alemania, donde la mano de obra es incluso más costosa. Dicha auditoría estima que construir un kilómetro de autovía en nuestro país cuesta una media de 6,2 millones de euros. Las nuestras –que conectan la capital con Sant Antoni y el aeropuerto– suman alrededor de 21 kilómetros, así que al precio desmesurado que establece la UE nos habrían salido por 130 millones, bastante menos de los 172 que se alcanzaron tras la obra y, desde luego, una cantidad rotundamente inferior a los 598 millones que pretenden apoquinemos al final. El kilómetro nos sale por unos 28,5 millones.

Y ante esta oleada de cifras vergonzantes, aún hay dirigentes que se atreven a aplicar una patina de normalidad al asunto y declarar que la comisión de investigación de las autovías es innecesaria. Casi habría que darles la razón: mejor dejarse de comisiones y acudir directamente al juzgado de guardia. Que el asunto pase a manos de jueces, policías y fiscales anticorrupción. Tal vez logren que esta polémica quede calificada como lo que aparenta –un fraude– y se pueda evitar que los pitiusos acabemos hipotecados durante décadas. De paso, convendría también averiguar a qué bolsillos han ido a parar ese montón de millones que, evidentemente, no se han traducido en asfalto ni puentes. Yo aún no he visto nuestras autovías pavimentadas en oro. ¿Y ustedes?

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

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