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Algunos ya llevamos tiempo advirtiendo de las consecuencias de esta Ibiza de reservados y zonas VIP, donde millonarios desatados, meretrices de cinco dígitos y blanqueadores de capital pululan a sus anchas. Desde hace unas pocas temporadas, aterrizan hordas de turistas dispuestos a derrochar cantidades astronómicas en comer, beber, pernoctar, narcotizarse y acostarse con gente. El mundo padece una inagotable sed de Ibiza, lo que redunda en unos beneficios económicos impresionantes para la isla. En paralelo, provoca graves desajustes sociales que nuestras instituciones –las únicas capacitadas para regular y equilibrar la situación–, parecen ignorar por completo.

La primera gran consecuencia de esta coyuntura irreal es que se ha prendido la mecha de la inflación disparatada; y no hemos hecho más que empezar. En Ibiza, la ley de la oferta y la demanda impera a su libre albedrío y, de momento, no importa que los precios se inflamen hasta cotas inverosímiles. Mientras ocupemos el trono del ‘glamour’ turístico, los turistas seguirán viniendo aunque les cueste el doble o el triple que viajar a otros entornos de ocio y sol y playa.

El siguiente efecto de esta coyuntura inflacionista –de tener un estudio serio sobre la evolución del IPC pitiuso nos llevaríamos las manos a la cabeza–, es que vivir o trabajar en la isla se ha vuelto una odisea. La Ibiza del lujo ha impulsado nuevas reglas del juego en el mercado del alquiler de pisos y viviendas que hacen imposible, para familias medias y profesionales, desplazarse a nuestro territorio y disfrutar de unas condiciones de vida adecuadas, ya sea para ejercer de maestro, camarero o cirujano.

En paralelo, los intermediarios del mercado de los alquileres –sean legales o piratas– proliferan como hongos. Aprovechan el vacío legal y la demanda desaforada para cobrar precios disparatados que, a menudo, van mucho más allá de una comisión legítima. Su ‘porcentaje’ incluso llega a triplicar y cuadruplicar las cifras que perciben los propietarios de los inmuebles. Esta situación artificial está generando una burbuja inmobiliaria que, hasta que no estalle, cercena a residentes actuales y potenciales el acceso a una vivienda digna; algo que en teoría garantiza la Constitución Española incluso en Ibiza.

Al principio, esta anarquía inmobiliaria sólo afectaba al segmento del lujo. Pero ahora, cuando en julio y agosto triplicamos la población y ya no hay suficientes hoteles y chalets para responder a una demanda tan salvaje, la especulación de los intermediarios se extiende a pisos, apartamentos y cuchitriles. Que en Ibiza se estén pagando 800 y 900 euros por una habitación constituye una aberración y una desproporción de graves consecuencias sociales.

Muchos empresarios y residentes se enorgullecen de esta extraordinaria demanda turística y se frotan las manos ante la temporada que se avecina. Pero, al mismo tiempo, son cada vez más los que se las ven y se las desean para traer personal cualificado que atienda las exigencias de unos viajeros tan selectos. La única vía es cubrirles la vivienda. A menudo estos trabajadores son hacinados en apartamentos minúsculos, por los que las empresas pitiusas también pagan tarifas desorbitadas, lo que incrementa sus costes y, a su vez, afecta a sus tarifas. Es una pesadilla inflacionista que se retroalimenta.

En medio de esta vorágine especulativa, en Facebook –hoy por hoy las redes sociales van siempre por delante–, se ha constituido un grupo llamado “Ibiza, indignados con los alquileres”. En unas semanas ha superado los 4.000 miembros. Se dedican a denunciar los abusos y la lamentable situación de quienes buscan casa en la isla y, además, anuncian su intención de recopilar irregularidades y trasladarlas a Hacienda y otras entidades.

Resulta paradójico que los efectos de la Ibiza del lujo acaben siendo socialmente insostenibles; y eso sin referirnos a las infraestructuras críticas, que están condicionadas por la misma coyuntura. Se impone la necesidad de ordenar el caos y regularizar la situación, para evitar que el modelo turístico arrase al social. Hay que poner límite a los sablazos que imponen los intermediarios y ciertos propietarios, controlar de forma exhaustiva la oferta ilegal y crear herramientas que fomenten los alquileres anuales, ofreciendo mayor seguridad a los rentistas. Si desde las instituciones pitiusas no se toman medidas en esta dirección, Ibiza corre el peligro de convertirse en una isla ingobernable, abocada al éxodo de residentes y profesionales.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

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