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Formentera, una vez más, ha tomado la delantera. Mientras que en la pitiusa mayor cada uno arrima el ascua a su sardina y la planificación a futuro es mínima, por no decir imperceptible, en la menor se alcanzan acuerdos estratégicos con un amplio consenso social, pese a que afecten a materias tan sensibles como el modelo turístico o el de convivencia. Tanto políticos de diferentes colores –PP incluido– como el sector empresarial de la isla declaran, sin ambages, que Formentera ha tocado techo en temporada alta y que hay que implementar medidas para reducir la presión y limitar el crecimiento a otras épocas del año.

Recuerdo el discurso rupturista y entonces polémico de los primeros ecologistas pitiusos, que hace un cuarto de siglo ya apostaban por anteponer el medio ambiente al crecimiento sin cuartel y orientar el turismo hacia la cultura y los valores ecológicos. La mayor parte de los ibicencos les miraban como si acabaran de aterrizar de Marte. Hoy, sin embargo, una inmensa mayoría son contrarios a la especulación urbanística y se muestran favorables a establecer normas más rigurosas y restrictivas para proteger el entorno y evitar que Ibiza acabe como Benidorm, sin un palmo por edificar.

Los primeros ecologistas se adelantaron a su tiempo. Para que la sociedad tome conciencia, primero tiene que ver cómo una parte del paisaje de su infancia acaba cosido a cicatrices. Con la ecotasa aprobada por el gobierno socialista en 2002 ocurrió algo parecido y acabó derogada tras sólo un año en vigor. La sociedad y el sector empresarial no estaban preparados para convivir con un impuesto que gravaba el paso de los turistas por las islas. La fórmula elegida tampoco contribuyó al consenso.

Los formenterenses, sin embargo, planean ahora crear su propia ecotasa, que penalizará la entrada de vehículos a la isla con un doble objetivo: poner freno a la saturación y recaudar fondos para impulsar medidas correctoras. El amplio consenso alcanzado en el Consell d’Entitats garantiza su viabilidad, una vez se superen los trámites burocráticos que conlleva y se pacte la fórmula de implantación. Les falta la forma, pero ya tienen el fondo. Hace tiempo que Formentera requería de una visión contundente y proteccionista, y éste es un primer paso. Más vale tarde que nunca.

En 2013, el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, trató de impulsar su propia versión de la ecotasa, aplicando impuestos sobre las bebidas y los vehículos de alquiler, pero el lobby empresarial, temeroso de perder el menor atisbo de competitividad, le paró los pies y la medida quedó en suspenso in eternum.

Es buen momento para que Ibiza se plantee medidas de idéntico calado. Padecemos un déficit crónico de infraestructuras que se traduce en una agresión constante al medio ambiente y una progresiva devaluación como destino turístico. Con los vertidos de Talamanca tenemos el mejor ejemplo, pero hay muchos otros. Llevamos décadas esperando la renovación y creación de emisarios, la interconexión de las desaladoras y las nuevas depuradoras, y eso aludiendo exclusivamente a la cuestión hídrica. Podríamos expresarnos en términos similares sobre muchos otros servicios y necesidades. Mientras dependamos de la voluntad de Madrid y Mallorca, seguiremos inmersos en esta degradante situación.

En 2014 visitaron Ibiza la friolera de 2,7 millones de turistas. Si cada uno de ellos hubiese aportado una tasa de 20 euros, habríamos generado 54 millones sólo en un año. Podríamos construir dos depuradoras por temporada sin depender de nadie, limpiar adecuadamente las playas, derribar edificios abandonados, ayudar a los agricultores a mantener el paisaje original, etcétera. Unos miles de ibicencos no podemos sufragar las infraestructuras necesarias para atender a varios millones y nadie vendrá a sacarnos las castañas del fuego. El turismo sustenta nuestra economía, pero también lastra nuestra forma y calidad de vida. Lo demuestra el hecho de que, mientras batimos todos los récords de visitas y de negocio, se ha reducido por primera vez en décadas la población residente. Sobre todo abandonan la isla ciudadanos europeos (alemanes, británicos y franceses); personas que vinieron a disfrutar de un retiro dorado y contribuyeron a alimentar la oferta de servicios que se mantiene en temporada baja.

Este cambio de tendencia constituye un claro síntoma de que la Ibiza que les atrajo ya no existe o, como mínimo, se encuentra en peligro de extinción. Una ecotasa está plenamente justificada, con independencia del nombre que se le imponga y de quién se ocupe de recaudarla. Debería de ser el primer paso de una política mucho más ambiciosa, orientada a la imprescindible renovación de las infraestructuras y a la recuperación de nuestro paisaje e idiosincrasia. Y, sobre todo, nos haría ganar independencia con respecto a unas instituciones foráneas que nos agotan la paciencia con su indolencia y ritmo soporífero.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

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