Raro es el gobernante que no acaba encontrando su talón de Aquiles. El del alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, se llama cantera de Ses Planes. Esta polémica, que huele a podrido desde el principio y ya ha retratado a un buen número de personajes de la política y a los empresarios promotores, por fin ha estallado tras el paréntesis electoral. Al menos en términos de credibilidad, Ses Planes acabará pasando factura a más de uno y aún queda mucho por oír.
Antaño, cuando no teníamos Internet y la única forma de detectar contradicciones era arremangarse y pasar horas entre los polvorientos legajos de la hemeroteca, los representantes institucionales lo tenían mucho más fácil para manipular a los ciudadanos. Hoy basta con una búsqueda afinada en Google para reconstruir el castillo de medias verdades y falsedades descaradas sobre el que se sustenta este sainete.
Vayamos, por ejemplo, a la crónica del pleno municipal del 23 de diciembre de 2014. Allí, Vicent Marí afirmó, literalmente, que su Ayuntamiento impediría la instalación de una planta asfáltica en la cantera de Ses Planes porque posee “herramientas legales para hacerlo”. “El Ayuntamiento tiene la última palabra”, añadía Marí, quien además apostillaba que “también hay un escrito en el que asegura –refiriéndose al promotor– que no construirá la planta asfáltica y yo estoy convencido de que respetará su compromiso”.
Ahora, cuando hemos descubierto que la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria ha autorizado tanto la planta de asfalto como la de hormigón, en vez de ordenar la regeneración y posterior cierre de la cantera, que sería lo lógico, nos vuelve a la memoria el discurso del alcalde. Una vez que los Parrot han logrado atravesar la ciénaga de la burocracia mallorquina, les ha faltado tiempo para correr al Ayuntamiento y pedir ambas licencias, incluida la asfáltica, pasándose por la rabadilla el compromiso adquirido con los vecinos afectados, el propio alcalde y la sociedad pitiusa en general. Nos dejan barruntando dónde se ubica exactamente la frontera entre las supuestas traiciones de unos y otros, y la simple y llana tomadura de pelo al ciudadano.
Cuanto más nos aproximamos al desenlace de esta lamentable mascarada, sólo cabe preguntarse en qué punto del camino se esfumó aquella colección de “herramientas legales” que el alcalde ondeaba ante los afectados en tiempos preelectorales. A su concejal de Urbanismo, Mariano Juan, ni siquiera se le ha alterado el pulso al afirmar que ahora el Ayuntamiento “no tiene margen para actuar… Aquí somos unos mandados, el último mono, en realidad”. Yo no podría expresarlo mejor.
Mediante un comunicado, el Ayuntamiento no sólo ha corroborado estos extremos, sino que además ha apostillado que denegar la licencia municipal sería “prevaricación”. Incluso ha calificado a la oposición de “trileros” por armar alboroto. Sin embargo, el cénit del surrealismo lo ha alcanzado el propio edil de Urbanismo, al echar las culpas al nuevo ejecutivo autonómico: “Me ha sorprendido mucho que el Govern balear haya autorizado esto al poco de haber ganado las elecciones, cuando ellos mismos hicieron un manifiesto en contra de esto”.
Bien sabe el concejal que el expediente se cocinó y dejó a punto de caramelo en la etapa anterior. Y entre los cocineros estaba su tocayo, vecino y compañero de partido, el Mariano Juan vicepresidente del Consell en la anterior legislatura, que se significó a favor del proyecto ante la comisión balear de Medio Ambiente. En paralelo, su presidente, Vicent Serra, atendía a los afectados y les garantizaba que él siempre estaría “del lado de los ciudadanos”. La denegación por parte del Govern, tal y como se dejó hilado el expediente, probablemente sí habría constituido “prevaricación”.
Esta historia acumula tantos cabos sueltos que a los ibicencos de a pie nos resulta incomprensible. ¿Por qué las instituciones autoricen una industria contaminante como es una planta asfáltica, con humos potencialmente cancerígenos que se expulsan junto a viviendas situadas mucho más cerca de lo que recomiendan los protocolos? ¿En qué cabeza cabe que además ocurra en una cantera que durante tres décadas operó sin licencia y en un entorno residencial mal comunicado, sin otros asentamientos industriales? Y más allá de los entresijos políticos, ¿cómo es posible qué tantos técnicos hayan informado a favor de un disparate de semejante calibre?
Por último, no podemos olvidar el maquiavélico papel ejercido por la promotora, Hermanos Parrot. Primero se comprometieron por escrito a no erigir la planta de asfalto. Luego se indignaron cuando se les acusó de tener poca vergüenza por tramitar de nuevo ambas plantas ante el Govern y pusieron como excusa que modificar el proyecto inicial les supondría arrancar el procedimiento de cero. Ahora, llegado el momento de demostrar que la palabra empeñada tiene algún valor, se presentan ante el Ayuntamiento y piden ambas licencias. Inenarrable. Que no tengan dudas los vecinos afectados. A no ser que una mente creativa encuentre un resquicio de última hora, esto sólo puede resolverlo la Justicia.
Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza
