La crónica del tira y afloja que han mantenido estos días las partes involucradas en la remodelación del puerto de Eivissa parece puro esperpento. A tenor de lo que se publica, podríamos deducir que la Autoridad Portuaria Balear (APB) es un ente extraterrestre que hace y deshace a su antojo, sin tener que rendir cuentas ante una jerarquía superior. Me parece pertinente subrayar que estamos ante una institución pública que depende del Ministerio de Fomento y, por tanto, subordinada a la autoridad política. El presidente de la APB, Alberto Pons, anda echando un pulso permanente a las autoridades pitiusas, a cuenta de la dichosa remodelación. Se trata de una obra tremendamente sensible, que afecta a la fachada marítima de la ciudad y, por extensión, a los barrios marineros y las murallas, Patrimonio de la Humanidad.
Comprendo también la desesperación del señor Pons, que en este curso político ha tenido que negociar con una ristra de alcaldesas, cada una de su padre y de su madre, y con el presidente del Consell, que esporádicamente se ha ido sumando a la gresca. Al mismo tiempo, intervienen colectivos vecinales, comerciantes y el colegio de arquitectos, que, aunque tarde, planteó la solución más inteligente para el dilema del aparcamiento: un edificio subterráneo que no afectaría a la cota de los andenes y que permitiría eliminar el estacionamiento en superficie. Una idea sin coste público, puesto que la ejecutaría la empresa concesionaria de la infraestructura.
Sin embargo, cuanto más inteligente es la solución, mayores las probabilidades de descarte. Especialmente si puede complicar la vida a las instituciones que deben tramitarla o afectar a los tiempos electorales. Llegado el caso, se buscan argumentos ´contundentes´ que justifiquen el embrutecimiento del proyecto, como por ejemplo que el vaciado del terreno puede provocar daños en los edificios colindantes.
En las grandes ciudades taladran túneles bajo las catedrales, pero erigir un parking en Ibiza viene a ser como la odisea de Homero. La polémica, estos días, ha derivado hacia la vieja estación marítima de es Martell, edificio cutre donde los haya e infrautilizado desde hace décadas –incluso se utilizó como discoteca–. La APB quiere sustituirla por otra de nueva planta, bajo el argumento de que es imprescindible para atender a los grandes yates que allí amarran.
Pese a la reiterada oposición de las autoridades pitiusas –alternada con varias concesiones de las alcaldesas–, la APB sigue erre que erre. El Pleno apuesta por transformar el martillo en una gran plaza pública. Pero la Autoridad Portuaria quiere un nuevo edificio vanguardista, de una sola altura, con más extensión a ras de suelo que el actual. También pretende destinar la mayor parte de su superficie a zonas comerciales para hacer negocio: bares, tiendas de moda o tal vez un fitness, por citar ejemplos de servicios imprescindibles en todo puerto que se precie, sobre todo si está ubicado en un erial carente de servicios como el centro histórico de Vila.
El señor Pons incluso tiene la osadía de defender su iniciativa con otro argumento incontestable: estos nuevos negocios atraerán más público al puerto? ¡pero si en verano no cabe un alfiler! Es obvio que un puerto necesita oficina, pero también puede ubicarse en los andenes, donde hay edificios de titularidad municipal. Además, la APB, según asegura la prensa pitiusa, también quiere apropiarse de más suelo urbano, incorporando la plaza de Antoni Riquer y otras zonas de terrazas, además de privatizar el muelle norte –el de los containers–, en lugar de convertirlo en un impactante auditorio con la Eivissa histórica como telón de fondo, tal y como pretende el Ayuntamiento desde hace años.
El proceso de reordenación debería ir en sentido contrario y permitir a la ciudad recuperar espacios que nada tienen que ver con la organización de un puerto, como la Plaça de sa Riba o las calles Lluís Tur i Palau y Cipriano Garijo. Volviendo al principio, decíamos que parece que la APB se considera un zepelín que planea sin roce sobre la sociedad ibicenca. Tal vez sea hora de que la alcaldesa y el presidente del Consell cojan al avión a Madrid, visiten a la ministra de Fomento y dejen bien claro que el valor estético del entorno monumental debe primar más que el business de la Autoridad Portuaria. Les puede acompañar el presidente del Govern, José Ramón Bauzá. Así tal vez matice su fracaso con el emisario de Talamanca y el servicio de radioterapia. De lo que no cabe duda es que paralizar todo hasta que pasen las elecciones, como finalmente se ha acordado, parece una estrategia más propia de incapaces, que se traducirá en años de seguir mareando la perdiz.
Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza
