Hace años que muchos ibicencos rumiábamos que era algo inevitable, mera cuestión de tiempo. Un buen día una brigada de policías o guardias civiles desembarcaría por sorpresa, se pondría a remover papeles en despachos e iniciaría el desfile de presuntos esposados camino de los juzgados. Desconocíamos si el escenario sería una institución pública, la sede de una cadena hotelera, una empresa constructora o una sala de fiestas, pero, más pronto o más tarde, en esta isla de los excesos y el desparrame, donde el dinero fluye como la horchata en una heladería, algún escándalo acabaría saltando a la palestra.
En aquellos tiempos ‘dorados’ en que las barbaridades urbanísticas germinaban por todas partes como champiñones, mientras a los ibicencos rasos nos hacían sudar tinta para construir un cobertizo, llegamos a pensar que cualquier día la policía derribaría la puerta de algún gobernante momificado en su poltrona. Sin embargo, con todo lo que ha llovido, nunca sucedió nada hasta la semana pasada, cuando agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil venidos desde Madrid –a los que luego se unió el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de Palma–, irrumpieron al amanecer y por sorpresa en la discoteca Amnesia, al estilo de los hombres de Harrelson.
Durante dos días, estuvieron acumulando documentación, rebuscando en cajones y escarbando en escondrijos con pico y pala. Al final, según se ha publicado, se incautaron de dos millones de euros en efectivo y abundante documentación. Además se llevaron detenidos al propietario de la discoteca, su hijo, su apoderado y el contable; los cuatro jinetes del apocalipsis noctámbulo pitiuso. Que precisamente Amnesia haya sido el escenario de lo inevitable no resulta demasiado sorprendente. Esta discoteca acumula récords de infracciones en materia de horarios y en 2005 fue clausurada por su permisividad en la venta de droga. El año pasado llegaron a aburrir literalmente a las autoridades de Sant Antoni, al incumplir sistemáticamente los horarios de cierre. En tan sólo dos temporadas generó 31 expedientes de infracción.
El juez dejó a los cuatro detenidos en libertad con cargos, en contra del criterio de la Fiscalía, que exigía prisión incondicional sin fianza. Están imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, y la Agencia Tributaria calcula que en sólo dos años defraudaron 5 millones de euros al fisco. Incluso se ha publicado que en las últimas cuentas que figuran en el Registro Mercantil, del año 2011, la discoteca facturó 13,1 millones y sólo declaró 18.000 euros de beneficios. Cualquiera de sus camareros gana más.
Tres días después desembarcaron en la isla docenas de funcionarios de Hacienda para inspeccionar las oficinas de Privilege y Space. La operación no guarda relación con la de Amnesia, sino con otra a escala nacional que ha afectado a 87 discotecas de todo el país. Su ámbito es administrativo y no penal, a diferencia del de Amnesia.
En todo caso, de estas historias que han puesto en jaque al hasta ahora intocable sector discotequero pitiuso, sólo hay dos detalles que sorprenden. En primer lugar, el nombre de las discotecas que se han librado. En segundo, el secretismo con que se ha llevado a cabo la operación de Amnesia, respecto a la Guardia Civil de Ibiza, por parte de Palma y Madrid. Aquí nadie fue informado y el famoso helicóptero aterrizó dejando a todo el mundo con la boca abierta.
Esta intervención prácticamente coincidió con la efectuada el 28 de junio por la Policía Nacional. Desarticuló el denominado ‘Clan de la Paca’, la familia que supuestamente maneja el tráfico de drogas en el barrio marginal de Sa Penya. Se produjeron detenciones y se incautaron drogas y más de 80.000 euros.
A por el ‘Clan de la Paca’ no hizo falta que viniera nadie de Madrid. Sin embargo, en Ibiza nunca hemos contemplado una operación del calado de la de Amnesia con nuestras fuerzas de seguridad como protagonistas. El mutismo con que se ha desarrollado la operación, de hecho, aporta muchas pistas. Es probable que tenga relación con la presencia regular en la sala de fiestas de algunos miembros de los cuerpos de seguridad y otros personajes de la órbita judicial, donde reciben los agasajos correspondientes, o que entre su personal de seguridad estén en nómina ex agentes. La desconfianza es tan absoluta que hasta en la sala del cuartel de Can Sifre donde se almacenaban las pruebas incautadas se cambió la cerradura para que los agentes pitiusos no pudieran acceder.
Tiempo habrá de saber en qué acaba toda esta historia, pero la conclusión más inmediata parece clara: En Ibiza sólo se producen operaciones de calado cuando las investigaciones se dirigen desde fuera. Aquí únicamente nos ocupamos de la marginalidad, pese a que, desde hace mucho, nos rodea una delincuencia de altos vuelos.
Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza
