La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Eivissa ha denunciado estos días que el Banco de Santander ha reactivado en la isla un proceso de desahucio contra una viuda y sus hijos, pese a que una sentencia previa obligaba a la entidad a renegociar la hipoteca y alcanzar un acuerdo. Al mismo tiempo, otra pareja de Santa Eulària que fue desahuciada por esta misma entidad hace dos años, afronta todavía una deuda de 150.000 euros, motivo por el que tienen que vivir con sus nóminas embargadas por el mismo banco que se quedó con su casa.

Las entidades de crédito, da igual que sean públicas o privadas, trabajan en dos frentes para garantizarse el negocio hipotecario y situarse en una posición dominante frente a sus clientes. Por un lado, conforman un lobby poderoso e invisible que ajusta las leyes a su conveniencia, dejando a los ciudadanos en una situación de indefensión absoluta. Sus ramificaciones se extienden por todos los círculos de poder. Al mismo tiempo, disponen de una legión de abogados que remite misivas y burofaxes amenazantes en cuanto dejas de pagar, al tiempo que arranca una maquinaria legal demoledora cuyo fin es cobrar hasta el último céntimo de la deuda del cliente, aunque para ello haya que abocarle a la ruina y a la desesperación. Además de la casa, los bancos se adueñan de la esperanza, la ilusión y las ganas de vivir de las personas.

Cuando una familia no puede pagar, pierde la propiedad en un tiempo récord y, además, se queda con una deuda pendiente de dimensiones casi siempre insalvables, que incluso heredarán los hijos. Con suerte, si hallan un nuevo trabajo, envejecerán pagando mes a mes por una vivienda que ya no les pertenece. Al final, el banco obtiene un beneficio sustancial incluso con los desahucios; especialmente en Eivissa, donde el mercado inmobiliario mantiene elevados índices de rentabilidad. Han cobrado intereses, han recuperado el inmueble, lo han vuelto a vender y siguen manteniendo a una familia atrapada en una deuda gigantesca, con una o varias nóminas embargadas. Eso si no hay aval familiar de por medio, que culmine con una segunda o tercera propiedad en manos del banco y más miembros exiliados en la calle.Hace mucho que la dación en pago debería de ser el límite hasta el que pueden llegar las entidades bancarias en nuestro país.

A la legión de desahuciados, se suman los ahorradores estafados por las preferentes. Yo conozco alguno. Ibicencos que han trabajado duro toda su vida para levantar y mantener un negocio turístico y que, una vez jubilados, siguieron el consejo de “amigo” del director de la sucursal del pueblo e invirtieron en unas acciones ‘chollo’ sin peligro alguno, salvo el que apuntaba una letra pequeña que nadie les leyó.

No acaban ahí los cadáveres en el armario. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas pitiusas han sufrido graves dificultades e incluso han cerrado porque su banco, con el que llevaban años operando, les cortó el grifo del crédito de la noche a la mañana? Algunos de estos comercios y negocios ni siquiera han perdido clientes o reducido ventas. Ha bastado con que el dinero dejara de fluir, para verse acorralados por acreedores e ignorados por proveedores.

En estos tiempos en que combatimos la amenaza que se cierne sobre nuestra costa, deberíamos estar igual de unidos para detener y hacer ruido contra cualquier otra clase de abuso sistemático. La injusticia de la banca, como sucede con el petróleo, es un asunto que está por encima de ideologías y partidos.

Artículo publicado en el diario Última Hora Ibiza