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Uno de los episodios más hilarantes, surrealistas y vergonzosos del verano ocurrió a mediados de septiembre, un rato antes de la medianoche. Alrededor de 30 ó 40 personas estaban disfrutando tranquilamente de un pequeño concierto en una tienda-bar de Sant Josep, cuando se presentaron cuatro efectivos de la Policía Local, exigiendo al propietario todo tipo de licencias y documentos. Hasta aquí todo correcto. Las fuerzas del orden están en su derecho de llamar a las puertas de los comercios y revisar el papeleo que se les antoje. De hecho, ojalá lo hicieran con mayor frecuencia.

La paradoja, en este caso, radica en que exactamente a la misma hora, a doscientos metros, junto a la carretera, cientos de coches se amontonaban sin orden ni concierto en arcenes, descampados y caminos aledaños, dificultando el paso y provocando un serio peligro para viandantes y conductores. El origen de semejante embrollo de tráfico, que por su desmesura dejaba estupefacto a todo aquel que atravesaba por ese punto la carretera de Eivissa a Sant Josep, era que una discoteca aledaña organizaba otro festival multitudinario, al estilo de los que se han venido repitiendo durante toda la temporada.

Por razones que se nos escapan –siendo benévolos–, los agentes josepins de la ley escogieron no acudir a exigir papeles allá donde se armaba la marimorena. Desconocemos si al modesto colmado fueron por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de sus superiores, pero resulta patético que le pidan explicaciones al chanquete –que además es quien genera buenos ratos para la gente del barrio y cierra a su hora–, mientras que al tiburón se le permite actuar con total impunidad. El fiestón, más allá del caos de tráfico y el estruendo musical, se celebró sin incidencias. Los coches siguieron saturando los caminos y sus ocupantes bailaron bajo las estrellas hasta el amanecer.

Sin embargo, a una semana de concluir la temporada, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad como discoteca de este establecimiento, Cova Santa, bajo el argumento de que sólo dispone de licencia de restaurante. Imaginamos el escalofrío de impotencia que sintieron todos esos vecinos que se han pasado el verano llamando a la policía para protestar por el estrépito y se les respondía que, dado que el local posee licencia de música exterior, tenían las manos atadas. Así lo denunciaba uno de los afectados en una carta al director.

Que la policía ofrezca estas excusas a los ciudadanos, cuando tiene capacidad de actuar, constituye una injusticia y un agravio comparativo. Viene a colación ese día en que el alcalde llamó para denunciar una fiesta ilegal en una casa de Benimussa y fue desmantelada ipso facto.

Lo grave de la historia de la Cova Santa, sin embargo, es la demora del Ayuntamiento. Si la solución burocrática era tan evidente, ¿por qué se ha tenido a los vecinos subiéndose por las paredes todo el verano? No se puede alegar desconocimiento, dadas las llamadas de denuncia. Únicamente lo justificaría el que estas incidencias no trascendieran más allá de las paredes del cuartelillo, y entonces habría que depurar responsabilidades. Por otro lado, bastaba con pasearse alguna noche por la carretera, para escuchar el chunda chunda y contemplar la desmesurada iluminación, más propia de una nave espacial.

Las fiestas regulares de este club se han publicitado, asimismo, en un sinfín de medios y en las vallas de las carreteras. Y en todos esos anuncios quedaba perfectamente claro que allí se va a cualquier cosa antes que a comer. El evento incluso ha ganado el premio a la “Mejor fiesta de Ibiza” en los Dj Awards de este año. La parsimonia institucional, por consiguiente, resulta inconcebible. Y en idénticos términos podemos referirnos al cierre de la terraza del Bora Bora. Se les permite hacer el agosto y se toman medidas cuando ya se marcha la marabunta.

Para rizar el rizo, el consistorio josepí ha anunciado también que “se replanteará” los permisos de apertura y cierre de discotecas. Es como si el malestar generado fuera un suceso inédito y nunca lo hubiésemos padecido antes. Para calibrar lo que tiene que soportar la gente, basta con escuchar el escándalo en un vídeo que estos días ha circulado por las redes sociales y que se grabó durante los closing parties en la habitación de un niño que vive a cinco kilómetros de Platja d’en Bossa. En un platillo de la balanza está el derecho al descanso de los vecinos. En el otro, un puñado más de horas para que las discotecas, que ya han estado todo el verano exprimiendo la naranja, hagan negocio. ¿El qué hay que replantearse? Que alguien nos lo explique.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

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