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En esta escalada de noticias relacionadas con la privatización del territorio público, el viernes se produjo un hecho rocambolesco que constituye el cénit del atropello al ciudadano. Habíamos visto como varios dueños de chalets habían tratado de apropiarse de tramos abruptos de costa. Ahora, la propiedad de la urbanización Vista Alegre de Es Cubells ha tratado de quedarse con una playa entera: sa Caixota. El viernes, unos obreros comenzaron a instalar una sólida puerta metálica en lo alto de la escalera que lleva a la orilla; el único acceso existente.

Los vecinos, al enterarse, alertaron inmediatamente a las autoridades de lo sucedido y el Ayuntamiento de Sant Josep, al que en esta ocasión hay que felicitar, obligó a la dirección de la urbanización a retirar este elemento de inmediato. El marco del portón sigue ahí y debería desmontarse con idéntica urgencia.

Sa Caixota es rocosa, extensa y tranquila, frecuentada históricamente por gente de la zona. ¿Cómo es posible que una urbanización tome la decisión de acotar una playa entera en suelo público? ¿Qué prepotencia y sensación de impunidad hay que tener para planificar una medida ilegal a sabiendas de que pisotea los derechos de los ciudadanos? Además de desmontar las puertas, habría que denunciar poniendo en marcha la fórmula jurídica más factible que permita condenar este tipo de actuaciones. La respuesta institucional a este ninguneo no puede limitarse a devolver el acceso a su estado original. Hay que mostrar contundencia y dar ejemplo. El Consell Insular, asimismo, ya ha anunciado que presentará todas las denuncias judiciales que sean necesarias contra este tipo de arbitrariedades.

La urbanización Vista Alegre, donde proliferan enormes chalets de lujo, cuenta además con una garita de acceso con barrera y vigilante desde hace años. ¿Por qué se les permite restringir un camino por el que cualquier ciudadano tiene derecho de paso? Aducen razones de seguridad y que la barrera se abre a quien lo solicita. Sin embargo, la gente desinformada, al ver esa barrera da media vuelta y se va. En aras de la seguridad, el mismo derecho a poner barreras podrían tener los vecinos de es Pla de Corona que padecen la oleada de robos, que los residentes en urbanizaciones de lujo.

La situación se reproduce en la urbanización Parques d’es Cubells, cuya carretera es la única vía posible a Cala Llentrisca. Más que de seguridad, se trata de privacidad; de cerrar al público el territorio al que tiene derecho y, sobre todo, de intimidar. Los alcaldes de antaño permitían estas tropelías. Los actuales deberían corregirlas.

El mismo viernes, otros vecinos de Sant Joan denunciaron que la construcción de un chalet ha bloqueado el camino que conducía al faro de Punta Grossa, próximo a sa Cala de Sant Vicent. Ahora, los excursionistas tienen que utilizar un sendero alternativo muy peligroso y que deja sin aliento.

Ya el sábado, alrededor de 50 personas se reunieron en el tramo de costa próximo a Platges de Comte, a los pies de la antigua casa del arquitecto Ricardo Bofill, ahora en manos de un oligarca ruso. Protestaban por las continuas amenazas a los bañistas por parte de los guardaespaldas del propietario, que quiere que esa orilla sea exclusivamente suya. Costas le ha autorizado a colocar unas hamacas y un desembarcadero. Sin embargo, esta autorización no justifica la obra escandalosa que allí se ha desarrollado.

En primer lugar, ha vallado el acceso a la orilla con un arco y una compuerta que cierra a voluntad. Luego ha construido una colosal escalera de hormigón que desciende hasta el mar. Las autorizaciones de Costas, cuyo criterio para mí constituye todo un misterio, por no decir algo peor, se refieren a elementos desmontables. Sin embargo, erigido también una plataforma de hormigón permanente de más de 100 metros cuadrados, con dos zonas enormes tipo ‘chill out’, un varadero-almacén, un muelle de lamas de madera que por debajo esconde otra infraestructura de hormigón, otra plataforma donde se apilan kayacs y tablas de surf. Todo equipado con ducha, grifos, luz eléctrica, arcones frigoríficos con altavoces, focos led…

Que nadie albergue dudas. Una vez desaparecida la muchedumbre, los matones volverán a las andadas y los bañistas seguirán sin poder arrimarse. Igual que sigue sucediendo en la calita de Porroig de la que hablábamos hace unos días, en es Niu de s’Àguila y en tantos otros lugares. Proteger el suelo público es una cuestión que está por encima de ideologías y que, sin duda, cuenta con el mayor consenso social. Hay que actuar ya y hacerlo con contundencia.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

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