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El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, y su concejal de Urbanismo, Mariano Juan, vertieron la semana pasada toda clase de exabruptos contra el Consell Insular. La razón es que la Ciothupa, un palabro con el que uno nunca quisiera cruzarse –como con Hacienda–, y que significa Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio, les ha obligado a reiniciar la tramitación de un proyecto que incluía la peatonalización del centro histórico de Sant Carles.

Ambos gobernantes, con la sutileza verbal que últimamente les caracteriza, calificaron de “chorradas” los requerimientos que les exigen los técnicos para la adecuación de su proyecto. También acusaron al Consell de ponerles “palos en las ruedas”, “zancadillas”, “desidia” y otra colección de descalificativos. Mariano Juan incluso manifestó sentirse “estupefacto” por el aluvión de supuestas minucias esgrimidas por los técnicos insulares para paralizar su anhelado proyecto. “Tonterías que se corrigen con una regla”, dijo, antes de poner como ejemplo la modificación del tamaño del alcorque del algarrobo de la plaza. Daba así a entender que le tiraron la peatonalización de Sant Carles por no incluir ajustes del tamaño de una jardinera.

Al día siguiente, el Consell Insular les respondió con un pormenorizado comunicado de prensa donde, más que de alcorques y memeces, se esgrimían errores del tipo garrafal. Entre ellos, cambios en la clasificación de suelo –de rústico a urbano y viceversa– que afectaban a una superficie de 20.000 metros que no venían recogidos en la memoria del proyecto, canjes de viabilidad y zonas verdes sin justificar o falta de inclusión de informes imprescindibles para que el proyecto cumpliese la legalidad vigente.

El Consell incluso denunció que el Ayuntamiento ni siquiera había cumplimentado el imprescindible trámite de solicitar la cesión del tramo de carretera que ahora pretende peatonalizar y que pertenece a la máxima institución pitiusa. En definitiva, argumentó que la pataleta de Santa Eulària únicamente pretendía “ocultar sus propios errores” y que éstos, lejos de ser una “chorrada”, contenían elementos espinosos.

Más allá de las descalificaciones, los argumentos que esgrimen unos y otros son eminentemente técnicos y dudo que incluso los propios políticos que ahora intercambian pullas puedan entenderlos del todo por sí mismos, sin la traducción simultánea de los técnicos. Realmente habría que tener un máster en planeamiento urbanístico para comprenderlo.

Sin embargo, en toda esta historia sí existe hay un elemento que merece cierta reprobación: el escándalo armado por el alcalde y su concejal de Urbanismo por padecer el mismo embrollo burocrático que afrontamos los cientos o miles de ibicencos que tratamos de construirnos una casa, reformar un apartamento, levantar una cerca en suelo rústico o instalar una cubierta para el tractor. La única diferencia es que el resto lo padecemos en silencio, como las hemorroides.

Cuántos vecinos del municipio de Santa Eulària, al igual que los del resto de la isla, sienten que les tiran sus proyectos o se los retrasan hasta el infinito por eso que sus representantes políticos ahora denominan “chorradas”. La normativa urbanística que afecta al territorio pitiuso es más enrevesada que la que se requiere para la tramitación de una central nuclear y quienes la sufrimos nos tragamos la frustración a pelo, sin posibilidad de desahogos ni exabruptos púbicos. Estamos ante la pataleta de una institución a la que han prescrito unas dosis de su propia medicina.

Si tan contrariado están el alcalde y el concejal de Urbanismo con el sistema, podrían haber iniciado una cruzada para simplificar esta insoportable telaraña burocrática cuando su partido gobernaba en todas las instituciones. Todos se lo habríamos agradecido profundamente. Son los políticos quienes tienen en sus manos la capacidad de cambiar las cosas y, hasta ahora, no se han visto pasos en esa dirección. En un nuevo tiempo en que se imponen los acuerdos en beneficio de los ciudadanos, sería el momento propicio para que las instituciones y los partidos pitiusos buscaran consensos a largo plazo, en un asunto tan trascendental como la ordenación del territorio.

Por último, subrayar también que, aunque el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell Insular estén gobernados por distintos colores políticos, tienen la obligación de convivir, entenderse y mantener un trato cordial y respetuoso. Últimamente saltan chispas a la mínima, sobre todo desde la Villa del Río. Tal vez convendría ir pensando en enfriar el ambiente.

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