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De entre la prensa pitiusa, el trabajo periodístico que más me ha impactado este verano lo leí aquí mismo, el 14 de agosto, bajo el título “Las hamacas toman las playas”. La periodista Marta Torres, con paciencia infinita, se dedicó a contar una a una las hamacas desplegadas en distintos arenales ibicencos –sólo en Platja d’en Bossa contó más de 3.000– y las comparó con las cifras oficiales de cada concesión.

Su extrema minuciosidad nos permitió poner cifras a una realidad que llevamos años soportando: algunos concesionarios, ante la pasividad de las autoridades, colocan docenas y hasta cientos de hamacas por encima de los cupos establecidos, acorralando a los bañistas que no quieren alquilar tumbona. Con aplicar una regla de tres sobre las cifras del reportaje, deducíamos que en algunas playas se sobrepasa entre un 25 y un 40% el límite máximo autorizado; un verdadero disparate.

La primera consecuencia de esta publicación fue la convocatoria, por parte del alcalde de San Josep, de una reunión con los concesionarios, algunos de los cuales protagoniron los pasajes más escandalosos de la noticia e incluso se dedicaron a amedrentar a los fotógrafos que certificaban desde suelo público sus incumplimientos. El primer edil les exigió un respeto escrupuloso a la normativa. Sin embargo, varios de ellos hicieron gala de un cinismo descarado y, pese a la contundencia de las pruebas, negaron la mayor y acusaron a la prensa de exagerar. Para colmo, hasta tuvieron la desvergüenza de acusar a los bañistas de toalla de ser culpables de la suciedad de las playas y exigieron que se les prorrogaran las actuales concesiones.

Antaño, lo habitual en la isla era que los concesionarios de hamacas pusieran al frente del negocio a un profesional capacitado, incluso amable, que atendía a los clientes de forma personalizada y cuidaba la playa como si fuera el jardín de su casa. Hoy, ciertos concesionarios, sobre todo en pequeñas calas, siguen ofreciendo un servicio de igual calidad. Sin embargo, otros, que ya parecen mayoría, actúan de la manera contraria: mantienen las playas hechas un estercolero, sobrepasan sin pudor el límite de hamacas, instalan mesas de comedor sobre la arena –sólo les falta poner candelabros–, sirven comidas cuando no pueden y cobran lo que les da la gana –a veces auténticos disparates–, mientras las administraciones se hacen las suecas.

Si un turista osa plantar la toalla en sus proximidades, corre el peligro de ser intimidado y humillado. Los hamaqueros/camareros/matones del beach club de turno les insultan, amenazan y pisotean sus pertenencias. O las arrojan sin contemplaciones a una esquina. Estas prácticas no sólo constituyen un atropello y una injusticia tercermundista, sino que dañan nuestra imagen gravemente.

Ciertos concesionarios, como en la reunión de Sant Josep, se dedican a negar la mayor, pero somos demasiados los que conocemos sus abusos de forma directa, como para no indignarnos ante su descaro. Incluso algunos empresarios, que siguen cuidando de la playa como antaño, reconocen en privado sentir vergüenza de que les metan en el mismo saco que a una panda de depredadores sin escrúpulos. Ante semejante cuadrilla, sólo se puede actuar con contundencia y revocar las reglas del juego.

Lo primero que deberían hacer los ayuntamientos es renovar todas las concesiones y cambiar el método de subasta por otro nuevo, de carácter mixto, que no proporcione tantas facilidades a los lobos. Es imprescindible que los nuevos pliegos penalicen de forma contundente a aquellas empresas o propietarios que tengan un historial de incumplimientos. En contraposición, habría que favorecer a los que no son denunciados y demuestran mayor cuidado por el entorno. Igualmente, quienes proporcionan servicios de valor añadido –chiringuitos con aseos y ducha, por ejemplo– deberían tener prioridad, siempre que no hayan recibido denuncias por ruidos y molestias.

Además, es de recibo evaluar a la baja el tamaño de las concesiones en todos los municipios para dejar más espacio a los bañistas, realizar controles con mayor frecuencia y tener la opción de anular con agilidad la concesión a quien incumpla las condiciones. A los consistorios, por otra parte, hay que exigirles total transparencia en cuanto a los resultados de las denuncias ciudadanas y las inspecciones municipales. Cuántos controles se realizan, en qué fechas –en octubre no nos valen–, a qué concesionarios, qué sanciones reciben y por qué importes. No hacen falta filigranas. Basta con publicar estos datos en las páginas web municipales, que también están para eso.

No podemos seguir respirando esta sensación de impunidad y desorden en la isla. Dado que vivimos de las playas, éstas deberían constituir una prioridad y no un ‘marrón’ por el que pasar de puntillas como hasta ahora. Veremos quién está a la altura.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

@xescuprats

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