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En Ibiza, en tiempos de mis abuelos, la palabra era ley. Bastaba un apretón de manos para traspasar propiedades sin la intervención de notarios ni escrituras, y cuando surgía un conflicto, se acudía al home bo, ese ciudadano honesto y ejemplar que dirimía las cuitas vecinales con templanza y equidad. La siguiente generación, la de nuestros padres, ha tenido que navegar entre la candidez costumbrista de sus antepasados y la desconfianza impuesta por la realidad de los nuevos tiempos y el fenómeno de la globalización, que en Ibiza catamos más temprano que en otras latitudes.

Resulta triste que algunos de esos pactos verbales alcanzados en el siglo pasado hayan cristalizado en una sucesión de cuitas judiciales por herencias, mojones y traspasos patrimoniales. Aun así, el carácter sagrado de la palabra dada sigue siendo algo que muchos ibicencos llevamos impreso en el ADN. Por eso, no deja de sorprendernos que cuando alguien la empeña, pueda luego traicionarla sin sonrojo, por codicia, ansia de poder u otros intereses espurios.

Uno de los ejemplos más recientes y sonrojantes lo encontramos en Jesús. Es el territorio por el que pululan los hermanos Parrot, propietarios de la cantera de Ses Planes. Estos individuos nos acaban de demostrar que carecen de palabra y escrúpulos, al igual que aquellos que se dedican a allanarles el camino. Esos abuelos que antaño cerraban tratos dándose la mano, probablemente habrían coincidido a la hora de encontrar una expresión que definiera a quienes faltan con descaro a su palabra: “pocavergonyes”.

Debido al rechazo social que provocó su proyecto de reconvertir la cantera en sendas plantas de hormigón y de asfalto, los Parrot renunciaron por escrito y ante el Ayuntamiento de Santa Eulària a erigir la fábrica de asfalto. Su decisión fue difundida a los cuatro vientos. Sin embargo, ahora descubrimos que esta renuncia no fue más que una burda maniobra para templar los exaltados ánimos de los vecinos y seguir tramitando el proyecto por lo bajinis, sin modificarlo.

No importa que haya sido calificado de despropósito medioambiental por un catedrático universitario experto en estas lides. Tampoco es relevante que una sentencia judicial haya descrito la cantera como «una intolerable subordinación del interés común a los particulares intereses empresariales», que explica que una actividad «capaz de producir una profunda alteración del medio físico, tan invasiva y de una existencia y efectos tan ostensibles como perturbadores, pudiera mantenerse viva y activa, sin consecuencias jurídicas para sus responsables y pasando tan desapercibida para las autoridades».

Ses Planes estuvo casi 30 años funcionando sin licencia –no se le concedió hasta 2007–, mientras se abría un cráter de proporciones colosales frente a la costa y ante nuestras narices. Resulta paradójico sopesar la patente de corso que han disfrutado los Parrot en el municipio de Santa Eulària, con lo vivido por otros empresarios de la isla, que han pasado temporadas en la cárcel por explotar negocios parecidos sin los preceptivos parabienes legales. Los Parrot no sólo han hecho y deshecho a su antojo, sino que además se han beneficiado de constantes encargos de obra pública por parte del Consistorio.

Pese a estas circunstancias y a que aún se están redactando importantes informes técnicos sobre, por ejemplo, el tráfico de camiones y la contaminación que generarían las plantas, el subcomité de evaluaciones de impacto ambiental de la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear ha ratificado deprisa y corriendo el disparatado proyecto de los Parrot, pasando por encima de los vecinos y con planta asfáltica incluida. Se trata de la misma institución que, desde Mallorca, nos niega helicópteros para combatir incendios, autoriza obras surrealistas en Tagomago y provoca vertidos contaminantes en las playas por no mantener adecuadamente los emisarios.

La desvergüenza se agrava más si tenemos en cuenta que el proyecto lleva el nombre de “Restauración de la cantera de Ses Planes”. Hace ya mucho tiempo que los Parrot tendrían que haber empezado a regenerar el cráter. En lugar de eso, proponen que albergue sendas industrias contaminantes. Aun a costa del bienestar de los ciudadanos, mejor seguir produciendo dinero que enterrar un millón de euros en restablecer el paisaje original, que es lo que más o menos costaría cumplir con su auténtica obligación. ¿Es posible que una institución pública de la isla pueda volver a contratar a esta empresa? A mí me resultaría inconcebible.

Confío en que la Asociación de Afectados por la Cantera de Ses Planes mantenga su lucha. Que siga aireando las constantes contradicciones en que incurren determinados representantes políticos y la empresa promotora, y encuentren nuevos argumentos a su favor. Tal vez podrían empezar por tirar de la madeja de las ramificaciones políticas que envuelven todo este asunto, desde sus inicios hasta hoy en día.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

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