Con la bronca suscitada en torno a la consulta ciudadana sobre la carretera de Santa Eulària y el exterminio de las cabras de Es Vedrà, pasó desapercibida una noticia tremenda que este periódico publicaba hace unos días. A mi juicio, debería haber encendido la espita de un debate fundamental que ya no puede posponerse más: cómo mejorar la gestión del agua pública en Ibiza.
Decía el titular que “Ibiza pierde en fugas de la red casi tanta agua como la que producen las dos desaladoras”. O sea, que hemos invertido un montón de millones en estas plantas para que toda el agua potable que generan –consumiendo para ello cantidades industriales de energía y generando montañas de residuos–, se evapore mientras recorre un laberinto de tuberías con más perforaciones que un queso gruyer. En el municipio de Sant Josep, por ejemplo, desaparece casi la mitad de toda el agua que conducen sus cañerías. Son datos de 2012 y todos somos conscientes de que en los últimos tiempos las averías se han disparado.
Este cúmulo de despropósitos ocurre cuando la isla afronta la mayor sequía de su historia, el Govern no garantiza el servicio y el agua que reciben miles de vecinos no sólo no es potable, sino que carcome electrodomésticos, conductos y jardines con la misma virulencia que el ácido sulfúrico. Rara es la semana que no se produce una nueva avería que deja un vecindario o un pueblo sin abastecimiento durante horas y a veces incluso días. También nos hemos enterado de que las reservas hídricas de la isla han descendido un 20 por ciento en los últimos diez años. Estamos en pleno invierno y los acuíferos deberían rebosar, pero se encuentran a la mitad y muchos se han salinizado. El panorama, de cara al verano, es desolador.
A todo ello se suman las disparatadas tarifas. Como ilustrativo ejemplo, las familias ibicencas que residen fuera de la isla y, pese a mantener consumos nulos o casi inexistentes, reciben facturas por encima de los 100 euros. El precio del agua bate récords en nuestros municipios en comparación con el resto de España, pero la verdadera estafa radica en los costes recurrentes del recibo –cuotas de servicios de abastecimiento y de mantenimiento, y cánones fijos y variables del Govern balear–; un abuso para el bolsillo de los ciudadanos.
La situación es preocupante en el presente, pero proyecta una sombra aún más angustiosa de cara al futuro.
Con el disparatado ritmo de crecimiento del turismo –el aeropuerto cerró 2015 con casi 6,5 millones de viajeros, un 4,3% más que en 2014, que ya fue un año histórico–, la mejora que generaría la puesta en marcha de la desaladora de Santa Eulària y las interconexiones podría diluirse en un suspiro. Sobre todo si se siguen perdiendo 5 millones de metros cúbicos al año.
Las razones de este desastre hay que buscarlas en una vetusta infraestructura hídrica y en la ausencia sistemática de inversiones, pero también en la deficiente gestión de la empresa privada que se ocupa de las redes públicas: Aqualia, del gigante FCC. La calidad es nula, la presión insuficiente en muchos hogares, el servicio desastroso y el mantenimiento ínfimo. Literalmente, sólo se tapan algunos agujeros. Mientras tanto, en las oficinas de la empresa se echan sistemáticamente balones fuera ante las quejas de los usuarios.
No existe un solo argumento que justifique el mantenimiento de este sistema de gestión tan ineficaz. Resulta inconcebible que todas las administraciones persistan en el error y permitan al actual adjudicatario hacer y deshacer a su antojo sin que nadie rechiste. Es como si toda la sociedad ibicenca estuviese obligada a pagar una condena de 25 años y un día a consecuencia del inmovilismo y la falta de control de los sucesivos gobiernos municipales.
A la vista de unos resultados tan difícilmente superables en lo negativo, ¿no convendría iniciar la batalla jurídica y burocrática necesaria para que los ayuntamientos recuperen la gestión del agua? Dudo que haya uno solo satisfecho del servicio que recibe y por el que abona cifras mareantes. ¿No sería más eficiente crear una mancomunidad pública que se ocupara de la red en toda la isla? Antes que seguir pagando por este cúmulo de ineficacia, mejor ahorrarlo y reinvertir el beneficio que se lleva la empresa en la mejora las infraestructuras. En este asunto, ¿quién va a atreverse a alzar la bandera de la eficiencia de la gestión privada?
Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza
