El candidato popular a la alcaldía de Sant Antoni, José Sala, debe de andar tocando las castañuelas. Las elecciones se le han puesto más cuesta arriba tras la última metedura de pata consistorial, que en esta ocasión afecta al entorno rural del municipio: el principal y más estable caladero de votos del PP. A dos meses de los comicios, la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, y el concejal de Urbanismo, José Torres, han puesto en pie de guerra a los vecinos de Santa Agnès y su monumental cabreo se ha ido extendiendo a otras localidades, como Sant Mateu, Sant Rafel y Buscastell. El patinazo coincide con la publicación del nuevo catálogo de patrimonio histórico, una chapuza que pasará a los anales de la burocracia pitiusa por dejar al descubierto la intimidad de los vecinos, exponer datos privados e incluir comentarios ofensivos.
A la alcaldesa, desde luego, no se la puede describir como una estratega maquiavélica: la Esperanza Aguirre de la política pitiusa. Semejante traspiés únicamente desprende el tufillo de la perenne falta de control del equipo de Gobierno, que produce y aprueba actuaciones sin someterlas a revisión cualificada, cuanto menos por alguien con un mínimo criterio político. Gutiérrez está presente en todas las salsas fallidas que se cuecen en Sant Antoni y al final –suponemos que involuntariamente, aunque el masoquismo esté de moda–, consigue el milagro de transformar asuntos a priori intrascendentes en líos monumentales. En ocasiones me recuerda al Peter Sellers de la película ‘El Guateque’.
Volviendo al catálogo de marras, hay que poner en solfa la información técnica que contiene, como luego veremos, pero conviene empezar por disparates de otra índole. Aunque no sean malintencionados, el cabreo vecinal está sobradamente justificado. Para la elaboración de este documento, una arqueóloga y una arquitecta se han pateado el municipio, seguro que con gran esfuerzo. Con el material y la documentación recopilada, han redactado una ficha por cada casa payesa y el Ayuntamiento ha subido el contenido íntegro a la web municipal. Lo sorprendente es que en muchas entradas se incluyen comentarios e imágenes que atentan contra la intimidad, se aporta información sobre cuestiones privadas e incluso se valora el carácter de los afectados. Por estas fichas sabemos que hay vecinos que han impedido la entrada a su vivienda y, para dejar constancia, se utilizan frases como “no se ha podido acceder por expreso deseo del propietario”. Una información que, más allá de valorar el grado de simpatía del residente en cuestión, resulta intrascendente en un contexto donde únicamente deberían constar metros cúbicos, estados de conservación, etcétera.
Aún salen peor parados los vecinos más colaboradores –a veces ancianos que no se atrevieron a dar una negativa a la autoridad, según sus familias–, que permitieron tomar fotografías en el interior de estas viviendas rurales. En ellas aparece gente mirando a la cámara, ristras de sobrasadas colgando sobre un televisor o de un perchero, ropa tendida en el interior de un porxo desvencijado, habitaciones en ruinas dentro de casas habitadas, almacenes repletos de chatarra, unas matanzas… Todas junto al nombre de la propiedad afectada y su ubicación exacta. A través de ellas incluso hemos descubierto que en la casa parroquial de Sant Rafel hay un precioso carro mortuorio en lamentables condiciones, que alguien debería restaurar y trasladar, por ejemplo, al Museo de Etnografía.
Ahí no acaba la cosa. El trabajo incluye comentarios y valoraciones que, en un estudio técnico sobre patrimonio, están fuera de lugar: “Viven tres personas mayores sin las mínimas condiciones de salubridad”, “la instalación eléctrica es lamentable”… Incluso se llega a identificar el nombre y apellido “de un reconocido pintor” y “la escultora” que viven en un domicilio determinado.
Respecto a las valoraciones técnicas a las que aludíamos al principio, resulta sorprendente que, pese a que las redactoras no siempre han tenido acceso a las fincas –en el 60% de las viviendas de Santa Agnés les impidieron el paso–, todos los inmuebles aparecen calificados con un grado de protección concreto, que casi siempre es el más alto. Muchas casas antiguas, además, no vienen reflejadas.
Un catálogo que recopile el patrimonio arquitectónico constituye una herramienta obligatoria para Sant Antoni. Además, hay que tomar medidas para garantizar la conservación de las casas payesas más representativas, aunque dejando cierto margen de maniobra a sus propietarios. Sin embargo, hace días que este catálogo debería de haber desaparecido de la exposición pública, ser sometido a revisión –buscando la colaboración de los vecinos en lugar de elaborarlo a hurtadillas–, y limitar su contenido a cuestiones estrictamente técnicas, sin intromisiones en el ámbito privado ni afectar a la dignidad de las personas. Lo exigen los vecinos, que ya amenazan con acudir a los tribunales, la oposición y hasta el propio José Sala, que trata de evitar una sangría de votos. Ampliar el plazo de alegaciones no es suficiente. Toca pedir perdón.
Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza
