Llevamos un par de años escuchando a los portavoces del ocio decir que “el Ayuntamiento de Sant Josep es el que mejor está haciendo las cosas en cuestión de ocio” de toda la isla y que su alcalde “es un valiente”. Yo, si fuera él, me revolvería en el asiento cada vez que recibiese un piropo de tal procedencia. Sobre todo ahora que, después de tanta lisonja, hemos descubierto que la asociación que aúna a hoteles-discoteca y beach clubs denunció ante los tribunales la ordenanza de ruidos del consistorio josepí.
Los portavoces de los clubes de playa no han estado dedicando alabanzas al Ayuntamiento por su política urbanística, sus servicios sociales o sus fiestas patronales, sino por las ordenanzas que regulan el sector del ocio y el nivel de celo empeñado en que se cumplan. Que el vigilado adule al vigilante con tanta reiteración ya resulta inquietante de por sí. Pero, además, ha quedado expuesto el fariseísmo que implica dar palmaditas en la espalda y al mismo tiempo demandar ante los jueces.
El resultado es que el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha declarado nula la ordenanza de ruidos. Los magistrados, sin embargo, no han repudiado esta norma sino que la tumban por un defecto de forma: no se expuso a información pública antes de ser aprobada. La sentencia, por tanto, pone el acento en la torpeza administrativa del consistorio y además genera un problema morrocotudo. Aunque el concejal del asunto haya negado que eso vaya a ocurrir, cualquier abogado mínimamente espabilado va a echar por tierra cualquier denuncia o sanción interpuesta por el consistorio a los locales incumplidores desde 2017 hasta ahora.
El Ayuntamiento de Sant Josep ya ha anunciado que volverá a aprobar la ordenanza en los mismos términos para este verano, aunque los plazos parecen muy justos. Ocio de Ibiza, en todo caso, dice ahora que pretende negociar algunos términos de la ordenanza, como si los tribunales les hubiesen dado la razón en el mínimo fragmento de su contenido.
El sector del ocio ha dicho claramente lo que quiere: que se eleve el nivel máximo de 65 decibelios en los establecimientos que ofrecen música al exterior, como son los hoteles-discoteca y los beach club, lo que les permitiría atronar las playas aún más que ahora. Además, pretenden la retirada de los limitadores de sonido, pese a que todos los establecimientos ya han hecho el gasto y los tienen instalados. Persiguen, en definitiva, que se ejerza un menor control sobre sus locales e impulsar, aún más si cabe, el concepto de discoteca al aire libre en establecimientos sin licencia específica para ello.
Después de todo lo dicho por los portavoces del ocio estos últimos años, con frases tan contradictorias como que “el descanso de los vecinos es sagrado”, se pretende ahora volver al caos existente antes de estas ordenanzas y que en buena parte aún perdura, a pesar de las limitaciones. En el último verano de la normalidad, el de 2019, pudimos comprobarlo en diversas playas.
Este giro de los acontecimientos subraya la evidencia de que las palabras del ocio pitiuso se las lleva el viento y que, además, viajan en dirección opuesta a sus acciones. Pongamos como ejemplo las vallas publicitarias que iban a dejar de ensuciar el paisaje. Un paseo por Platja d’en Bossa y su entorno resulta suficiente para cerciorarse de que algunos de sus principales asociados siguen utilizándolas para anunciarse, pese a las reiteradas promesas de retirarlas y que han tenido tiempo de sobra.
Los grandes damnificados por este lamentable asunto son los músicos, que desde 2017 habían podido trabajar con unas ordenanzas que fomentaban la cultura y permitían pequeños conciertos al aire libre dos días por semana, hasta las 23 horas. Ahora, los locales donde tocan vuelven a estar abocados a la inseguridad jurídica. Al menos, su asociación ya ha anunciado que pedirá que se permita a estos establecimientos celebrar actuaciones musicales cuatro días a la semana en vez de dos. Tal vez se lo concedan, pero cabe recordar que si los beach clubs, que no son más que restaurantes sin licencia de ocio, pueden pinchar música electrónica a diario amparándose en las actividades complementarias de la ley turística, los locales que programan música en vivo deberían poder hacer lo mismo si presentan una declaración responsable. A ver si el consistorio encuentra argumentos para negárselo sin entrar en agravios comparativos.
Ya veremos cuándo se solucionará esta historia y en qué términos. El Ayuntamiento, en todo caso, debería aprovechar la coyuntura para actualizar la ordenanza y ajustarla a otra sentencia del TSJB: la que impone que los hoteles no pueden ofrecer espectáculos a clientes no alojados. Hay días en que, con tanta hipocresía, el periódico debería venir acompañado de una tableta de Alka-Seltzer.
Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza
