Hace unos días hablábamos de la Justicia de doble rasero que coexiste en el país y cómo afecta de distinta forma a unos ciudadanos “de primera” –aquellos que manejan los hilos del poder y tienen a su servicio a una legión de feroces abogados–, y a otros “de segunda” –el resto–. El origen de este desequilibrio no hay que buscarlo en la labor de los profesionales de la Justicia, sino en un sistema viciado en el que, de un tiempo a esta parte, se incumple de manera flagrante la imprescindible separación de poderes. Los largos tentáculos de la política, como observamos en la prensa a diario, se enroscan en torno al pescuezo de la Fiscalía y de otros órganos judiciales, manejando estas instituciones a su antojo y bordeando e incluso superando los límites de la legalidad.
Sin embargo, de vez en cuando, alguien acaba dictando una sentencia que reconcilia la maquinaria de la Ley con el concepto de Justicia con mayúsculas. De repente, irrumpe un juez de pluma afilada que dictamina más allá de la legislación, a través de un documento condenatorio o absolutorio que cuenta las verdades del barquero y alude a conceptos como ética, agravio comparativo y mal ejemplo.
En esta ocasión, el comportamiento desautorizado por la Justicia ha sido una subida salarial con la que el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, benefició a un puñado de cargos de confianza. La operación, ocurrida en 2011 y de poca trascendencia presupuestaria, habría pasado desapercibida de no ser por que en ese momento la administración Bauzá recortaba a machetazos el sueldo y las condiciones laborales de los funcionarios, al tiempo que despedía a cerca de 1.200 de ellos. Los sindicatos denunciaron esta contradicción y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Balears les ha dado la razón.
El varapalo judicial al presidente obliga a los miembros de su guardia pretoriana a devolver los importes que han cobrado de más. La sentencia también entra de lleno en el terreno de la ética y denuncia el doble rasero aplicado por nuestros gobernantes: “Resulta un despropósito que mientras a todos los empleados públicos se les rebaja el sueldo y se les exige un sacrificio, a los empleados eventuales (los cargos de confianza del presidente) se les retribuya con emolumentos superiores a los que recibían los del anterior Govern”, subraya la sentencia, que además califica esta actitud como “una discriminación arbitraria” respecto a los funcionarios. Más claro, agua.
El equipo de Bauzá, en lugar de envainársela, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo. Se escudan en que han reducido drásticamente el número de altos cargos y que ahora, con menos personal, se hace el mismo trabajo. Sin embargo, lo único que pone de manifiesto esta teoría es que el gobierno de Antich hinchó de forma injustificada la plantilla de eventuales. Pero el argumento del presidente, en la coyuntura de recortes en que se produjo, no puede ser mas sonrojante y vergonzoso, además de implicar nuevos gastos judiciales con cargo al bolsillo de todos. Por idéntica regla de tres, habría tenido que subir la paga a todos los funcionarios, ya que también son muchos menos y se les exige mayor productividad y horas de trabajo. Que, visto lo visto, Bauzá persista en una postura tan contradictoria, únicamente denota que vive en las nubes.
Artículo publicado en el diario Última Hora Ibiza
