En estos tiempos convulsos, en los que surgen a diario nuevas corruptelas y los delincuentes de guante blanco colapsan las salas de vistas, ciertos políticos y representantes institucionales, aún no imputados por llevárselo crudo mediante comisiones o estafar al erario público, se sienten en la obligación de recordarnos que la justicia es igual para todos. Resulta sorprendente que no se den cuenta de que, cuantas más veces lo dicen, menos les creemos.
Nuestro Estado de Derecho hace aguas y lo peor del asunto es que incluso nos hemos acostumbrado. Contemplamos impertérritos cómo determinados fiscales y órganos judiciales actúan como si recibieran instrucciones directas de cargos públicos, y hacen y deshacen expedientes en función de necesidades partidistas. Vemos cómo cínicos corruptos, que deberían recibir las condenas más ejemplares, eluden la cárcel mientras esperan a ser indultados, al tiempo que contemplamos cómo determinados jueces que combaten la situación acaban siendo presionados, inhabilitados y expulsados.
Presuntos traficantes y amigos de lo ajeno son obligados a exhibir el rostro y las muñecas esposadas ante las cámaras de televisión, el día que son trasladados a los juzgados. Salgan culpables o inocentes, esta humillación pública ya no se la quita nadie. Mientras, la realeza se libra del escarnio con la peregrina excusa de la seguridad.
En contraste con esta versión torticera de la Justicia, que es la que se receta a los personajes de altos vuelos, existe una apisonadora judicial que atiende los asuntos de la plebe; que sigue desahuciando ancianos y encarcelando indigentes. El otro día, Última Hora publicaba un ejemplo más, en el que la fiscalía pedía una condena de tres años de cárcel para un delincuente habitual y toxicómano de Eivissa. No crean que J.C.R.B., el detenido, atracó un banco a punta de pistola o atropelló a un peatón y se dio a la fuga después de robarle la cartera. A J.C.R.B. le acusan de haberse colado en una obra y llevarse unos botes de pintura; en concreto, del edificio Life Marina, diseñado por el arquitecto Jean Nouvel.
Según la versión policial, le atraparon montado en su bicicleta, cargando con dos de los botes desaparecidos. Ahora, esa misma institución que en otros asuntos se muestra sensible con quien arrampla con el dinero de todos, pretende ponerle tras los barrotes la friolera de 1.095 días, uno tras otro, y de oficio, ya que la empresa constructora afectada, al parecer, ni siquiera reclama los objetos sustraídos. No me cabe duda de que la legalidad ampara esta petición de condena, pero no así la lógica o el sentido de la equidad.
A todos esos petimetres que nos consideran un rebaño de borregos y siguen vendiéndonos la ilusión de una justicia ciega, hay que mandarles a paseo y recordarles que incluso el Consejo de Europa denuncia la necesidad de que España refuerce la imparcialidad de su Fiscalía. La realidad es que las posibilidades de eludir una condena son directamente proporcionales al tamaño de la cartera. Hace tiempo que la separación de poderes pasó a mejor vida. De momento, la sociedad lo tolera, pero es plenamente consciente de que convive con una Justicia politizada y de doble rasero; una Justicia de pena.
Artículo publicado en el diario Última Hora Ibiza
