La fiebre privatizadora de nuestros gobernantes no flaquea pese a las penosas experiencias que nos regala la realidad cotidiana. Las instalaciones deportivas de Can Coix se han erigido estos días en la kryptonita de la corriente neoliberal pitiusa; un ilustrativo ejemplo de la deriva de este modelo que, sin embargo, no impedirá que nuestros gobernantes persistan en el error y pongan a empresas privadas a gestionar servicios públicos esenciales, como las residencias de ancianos o el futuro servicio de radioterapia.

Esta panacea de la gestión privada a menudo sale rana. Por eso, debería ser obligatorio incorporar a las proyecciones presupuestarias que se utilizan para justificar las privatizaciones dos variables nuevas: la probabilidad de fracaso del proyecto y el coste que supondría esta hipótesis. Es probable que entonces la balanza se inclinara con mayor contundencia del lado de la gestión pública. En el caso de Can Coix, la broma ha salido por 190.000 euros, que es la cifra que tiene que abonar el Ayuntamiento de Sant Antoni para recuperar la gestión y volver a abrir al público unas instalaciones que nunca deberían haber cerrado. A eso hay que añadir el coste de devolver a los trabajadores los sueldos que se les adeudan, que saldrán del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA); es decir, de los impuestos de todos.

Nadie cuestiona ya que la concesión de Can Coix se haya traducido en un sonoro fracaso, por mucho que la alcaldesa aluda a su “corrección y absoluta legalidad”. En esta vida, la legalidad no lo es todo. También cuenta la coherencia, la transparencia, la buena gestión y la prestación de un servicio de calidad para el ciudadano.

Cuando lo público se adjudica a empresas con antecedentes de piratería concursal, los asuntos tienden a judicializarse y a provocar cabreos comunitarios monumentales, que luego les estallan en la cara a los políticos. Pero, en cualquier caso, gestionar servicios públicos a través de empresas presenta dos grandes inconvenientes.

En primer lugar, los concursos generan una gran desconfianza, por la posible relación entre los gobernantes y las empresas que se los llevan. Pero, además, estos expedientes se suelen adjudicar por precio; es decir, a la firma que presenta la mejor oferta, partiendo de un presupuesto similar o inferior al que tenía el servicio cuando se gestionaba de forma pública. Dicha sociedad, obviamente, pretende obtener un beneficio y, como la magia no existe, o rebaja la calidad o recorta los gastos de personal, que viene a ser lo mismo. Si aún así las cuentas no cuadran, la adjudicataria deja el servicio a la deriva y a la institución de turno con un pufo de aquí te espero; como ha pasado en Sant Antoni.

Quedarse una temporada sin instalaciones deportivas es incómodo, pero no es equiparable a una posible paralización de nuestras residencias o del servicio de radioterapia. Si tantas bondades encuentra nuestro conseller de Hacienda, Álex Minchiotti, en la privatización o en la “externalización tutelada”, que es el eufemismo que él emplea, tal vez podría privatizarse a sí mismo, marcharse tranquilamente a casa y adjudicar la gestión de la caja pública a una empresa especializada. Con profesionales del sector privado altamente cualificados en la parte superior del escalafón; gente sin miedo a dirigir al personal de una piscina o una residencia, no haría falta recurrir a empresas privadas que se ocuparan de organizar estos servicios. Es sólo una idea.

Artículo publicado en el diario Última Hora Ibiza