Entre la negociación de los pactos, el intercambio de pullas y las cuestiones espinosas que comienzan a dirimir los cargos electos, la política pitiusa anda más tensa que un cocinero churretoso durante una inspección de Chicote. Mientras el inefable chef vivía en la isla su pesadilla más hippie, las fuerzas pitiusas de izquierdas seguían tirándose los trastos a cuenta de los salarios de los consellers, aunque con mayor discreción. El tira y afloja ya comienza a adquirir proporciones bíblicas. Al margen de esta cuestión tan cansina, la semana nos deja un triunvirato de controversias de obligado análisis.
La primera y más surrealista cuestión hay que agradecérsela a la ex alcaldesa de Vila, Pilar Marí, y al delirante artículo de opinión que publicó el martes en estas mismas páginas. Esta señora debe pensar que la memoria de los ibicencos es como la de los peces y que ya nadie se acuerda de su responsabilidad en la mayor y más sonrojante crisis institucional de la historia de la isla.
La ex alcaldesa, ahora politóloga rehabilitada, ha tenido los arrestos de pontificar sobre las causas de la debacle electoral del PP. Entre sus conclusiones apoteósicas, la que argumentaba que “algo de responsabilidad tendrán quienes han perdido la confianza de tantos ciudadanos” o aquella otra donde sentenciaba que “muchos de los que confiaron en el PP están profundamente decepcionados”. Como si la señora Marí se hubiese pasado la legislatura haciendo calceta, en lugar de dinamitar el gobierno del Ayuntamiento de Vila y provocar una hecatombe que nos dejó aturdidos durante semanas. A su sucesora y heredera del desastre, Virginia Marí, se le torcieron las tripas con la lectura y no pudo evitar contestar por Facebook: “te creía más señora… ahora sí que me has decepcionado”, le espetó mordiéndose la lengua.
La siguiente controversia afecta al renovado alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí. Tras erigirse en abanderado de la transparencia con la aprobación, justo antes de las elecciones, de la primera ordenanza al respecto de la isla, nos enteramos que desde hace décadas opera en su municipio, concretamente en Ca na Negreta, una planta de hormigón ilegal. Lo determina el Consell, aún gobernado por sus compañeros de partido, en respuesta a una denuncia interpuesta por la Asociación de afectados por la cantera de ses Planes.
Una vez se ha tomado la iniciativa en materia de transparencia, lo ideal sería que el Ayuntamiento, sin más dilación, hiciese pública toda la información relativa a esta industria, procediera a actuar en consecuencia y respondiera, asimismo, a otras denuncias planteadas por vecinos que acusan de irregularidades y molestias al grupo Hermanos Parrot y que llevan un tiempo excesivo durmiendo en el cajón.
De momento, me cuentan –porque lo he preguntado, sin que nadie venga a susurrar al oído– que el Ayuntamiento ya ha respondido a los afectados y se escuda en una licencia de fabricación de viguetas del año 63 para justificar el tinglado erigido por los Parrot, que en parte se asienta en zona rústica. Ese mismo que el Consell califica como imposible de legalizar. Parece que al Supermán del PP pitiuso le ha salido una kriptonita.
Por último y no menos importante, la interminable demora que soportamos muchos vecinos de Sant Josep, con proyectos paralizados a causa del colosal retraso de las normas subsidiarias del municipio, que ahora amenazan con paralizarse in aeternum. En su primera legislatura como alcalde, Josep Marí Ribas ya se comprometió a aprobarlas. Se lo impidió el rosario de burocracia que conlleva su tramitación, con largas etapas en el Consell y el Govern, entre otras instituciones.
Al poco de comenzar su segunda legislatura, cuando sólo quedaban algunos flecos, llegó la moción de censura y el ascenso del PP, que, como era previsible, deshizo el trabajo y lo adaptó a su visión del urbanismo en el municipio. La derecha también anunció su intención de aprobar las normas en la legislatura, pero igualmente se ahogó en la tormenta burocrática. Ahora, Agustinet nos dice primero que va a revertirlas y que tardará dos años, y unos días después que ya no basta con unas normas subsidiarias sino que el municipio requiere un Plan General de Ordenación Urbana. El plazo pasa a ser indefinido.
Los vecinos afectados, como es lógico tras una década, ya estamos hasta la coronilla de tanta modificación y ajuste. Lo suyo sería que, por una vez, se haga un ejercicio de consenso y las normas urbanísticas se pacten con la oposición. Si no, es muy probable que dentro de cuatro años, si es que llegamos, volvamos a estar en las mismas. La paciencia de los ciudadanos tiene un límite.
Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza
