indolencia-mallorquina

La matanza a tiros de las cabras de Es Vedrà –nuestro particular Perejil–, perpetrada por efectivos del Govern venidos de Mallorca, ha generado un debate incendiario que aún colea y que, sin embargo, se ha reducido a una única cuestión: ¿se tendrían que haber sacado vivos los rumiantes o mejor exterminarlos ‘in situ’ como ocurrió? A este respecto, dejé clara mi postura hace dos artículos. Prefiero, por tanto, no arriesgarme a ser tildado de palurdo por defender una solución más benigna para las criaturas y enfrentarme a la supremacía científica, intelectual y academicista esgrimida por buena parte de los suscriptores de la vía gubernamental.

Entre tanta visceralidad, en la que a menudo se han traspasado los límites de la educación y el sentido común, ha pasado sin pena ni gloria un asuntillo que no es menor y tampoco inherente a esta polémica. Muy al contrario, se trata de una coyuntura intrínseca a la cotidianeidad insular: la indiferencia de Mallorca hacia nuestras instituciones y los ibicencos en general, al decidir por nosotros sin siquiera tomarnos el pulso.

En este lance de las cabras, la conselleria balear de Medio Ambiente no sólo vino a pegar tiros a tierras pitiusas sin avisar a la población o los propietarios del islote. Tampoco se dignó a alertar al conseller pitiuso en la materia, al alcalde de Sant Josep o a cualquier otro organismo tangencialmente competente o susceptible de estar interesado. Por encima de la bronca, es una cuestión que se reduce a la más elemental cortesía y lealtad institucional. Por no informar, el Govern ni siquiera ha dado respuesta al ganadero pitiuso que solicitó por escrito permiso para capturar a los rumiantes y acogerlos en sus instalaciones, aptas para pasar la famosa cuarentena –esas mismas que al principio nos reiteraron que no existían en Ibiza–.

La tradicional indiferencia mallorquina se agrava cuando las órdenes parten de gobernantes surgidos de partidos sin ramificación pitiusa, como es el caso –el conseller Vidal pertenece a MÉS–. Podríamos rememorar un sin fin de anécdotas sangrantes de los tiempos en que Unió Mallorquina, por ejemplo, lideraba la política turística balear y le concedía a Ibiza, puestos a ejemplificar con peñascos, la misma importancia que a Cabrera.

El despliegue exhibido en Es Vedrà contrasta con la pura indolencia respecto a dos cuestiones como mínimo igual de importantes, que también administra el señor Vidal y por las que, de momento, no ha movido un dedo: la adopción de medidas contundentes frente a la invasión de serpientes que, con toda justificación, reclaman los técnicos pitiusos y la declaración de Reserva Natural para el islote de Tagomago, que exigen tanto el Ayuntamiento de Santa Eulària como el Consell.

Sobre las serpientes, que amenazan con exterminar a las lagartijas, ¿a qué espera Medio Ambiente para articular la prohibición de importar esos olivos ornamentales que llegan repletos de ofidios? Y respecto a Tagomago, ¿acaso no son suficientemente dañinos para la flora y la fauna los vuelos rasantes en helicóptero y las macrofiestas como para tomarse en serio incrementar su protección? Sobre este último asunto, el señor Vidal incluso ha declarado que no lo considera interesante.

Pero el desapego del Govern, estos días, no sólo escuece en relación a asuntos medioambientales. Brota por multitud de frentes. Primero, con la ecotasa. Reiteradamente, desde todos los partidos y distintos colectivos sociales se ha demandado el establecimiento de porcentajes fijos de reparto para las islas, petición que el Govern se ha pasado por el arco del triunfo. Además, hemos vuelto a catar las ínfulas totalitarias de la Autoridad Portuaria de Baleares, que nos organiza la vida sin consultar a nadie. La última, el alejamiento del centro de Vila de la estación marítima que da servicio a los barcos de Formentera.

Finalmente, nos encontramos con esas moratorias que dicta el Govern sin medir las consecuencias. Por esa causa, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sant Antoni se ve obligado a paralizar sus normas subsidiarias, lo que además se traducirá en la obligatoriedad de recuperar el ordenamiento urbanístico de 1987, mucho más desarrollista. Y un recuerdo para esos ibicencos expropiados por las obras de las carreteras, a los que el Govern debe 3,4 millones de euros desde hace una década. Además de cornudos, apaleados.

Vivimos a rebufo de Mallorca. Ante tanto atropello, tal vez convendría comenzar a poner el grito en cielo.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

Déjanos tu comentario