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En el transcurso de una sobremesa navideña, un familiar en paro, con cuenta corriente en una de las cajas de ahorros rescatadas por el Gobierno, nos relataba la última desfachatez perpetrada por su sucursal. Mientras disponía de nómina, el banco cubría sin coste los pequeños y ocasionales descubiertos de su cuenta. El mes pasado, sin embargo, se quedó en números rojos y la entidad, sin previo aviso, cargó una elevada comisión en cuanto hubo saldo. Al pedir explicaciones al director de la oficina, éste argumentó que los desempleados pierden la cobertura habitual y, en consecuencia, se les aplica un cobro fijo en cuanto se produce esta circunstancia. En su caso, 35 euros por un desfase de 80 durante una semana.

Podríamos ahorrarnos el nombre de la entidad que trata con semejante delicadeza a clientes con 30 años de antigüedad y sin antecedentes por impago, puesto que otro comensal, empleado en una sucursal ibicenca, intervino para confirmar que esta praxis se ha generalizado e incorporado al repertorio de abusos de índole similar que todos venimos padeciendo.

Pero hay que señalar que se trata de Bankia, esa madriguera de imputados que, mientras eran rescatados con el dinero de todos, disfrutaban de festines marisqueros y sesiones con masajistas con cargo a las tarjetas black´.

Unas prácticas usureras que cuentan, por descontado, con los parabienes del Banco de España y el silencio cómplice de la mayor parte de las autoridades políticas del país. Éstas, frente al inventario de trampas que ingenian los ejecutivos que les sientan en sus consejos de administración y les financian sus campañas electorales, suelen mirar hacia otro lado.

La banca, con esta erosión constante y silenciosa de los saldos de sus clientes, logra mantener elevados beneficios, pese a haber reducido la concesión de créditos a cotas inéditas. Desde 2009, la cifra global de préstamos ha caído en picado en Balears, tendencia que se mantuvo a lo largo de 2014, según reconoce el propio Banco de España. Las entidades disponen de liquidez pero, en lugar de contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo, continúan cerrando el grifo a las empresas.

¿Cuántas pymes pitiusas han tenido que cerrar después de que los bancos les cancelaran sus pólizas de crédito? Todos conocemos ejemplos de negocios con trabajo y cartera de clientes extintos por esta causa o que han padecido graves perjuicios que tal vez nunca llegarán a superar.

A ello se suma el drama de los desahucios y otros atropellos legales, criticados duramente hasta por los organismos oficiales europeos.

Tras explayarnos con la banca, la charla de sobremesa derivó hacia sus primas hermanas, las compañías energéticas y de agua, también empeñadas en mantener e incrementar su margen de beneficios mediante tarifazos, cuando la población peor lo está pasando. Facturas que hace unos años provocaban cierta indiferencia, hoy representan murallas insalvables para muchas familias. Los precios se han disparado, especialmente en las islas, y las tarifas fijas, más allá del consumo variable de cada hogar, constituyen un verdadero abuso. ¿Cómo es posible que hogares cerrados y locales asociativos de la isla sin apenas uso reciban facturas de 40 euros por un consumo de 10 litros de agua? Hasta con Perrier saldría más barato.

A ello hay que añadir las constantes tomaduras de pelo a cuenta de la insularidad, como son los elevados precios de los billetes de avión en fechas clave o la estafa que suponen las tarifas que aplican nuestras gasolineras. Estos días andan cobrando el litro de gasóleo a 1,20, mientras que en la península no alcanzan el euro. Es una diferencia superior al 20% y no hay insularidad que justifique esta ´estafa´. Pero ni los gobernantes pitiusos ni sus partidos mueven ficha al respecto.

En paralelo, organizaciones sociales de gran calado en Ibiza, como Cáritas o la Cruz Roja, nos presentan una realidad que destaca por la cronificación de la pobreza e incrementos del 15% anual en el número de familias que pasan a depender de sus ayudas. Y por último el paro, que pese a la leve mejora experimentada en 2014 en las islas, sigue siendo brutal.

Efectivamente, en nuestro país hay multinacionales y grandes compañías que experimentan crecimiento y recuperación económica, pero lo hacen a costa de las pequeñas empresas y la calidad de vida de los ciudadanos. Es como si nos estuviesen sometiendo a una sangría progresiva y perpetua.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

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