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En la policía y la Guardia Civil de Ibiza, como en cualquier otro gremio, hay unas cuantas manzanas podridas. Agentes que, en lugar de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, se dedican a robar, traficar con drogas, ofrecer servicios privados de seguridad a delincuentes, amedrentar a sus competidores, pluriemplearse en negocios nocturnos y sobornar a ciertos empresarios que actúan al margen de la ley o en la frontera difusa de sus límites.

Ante esta situación, a los ciudadanos no nos queda más remedio que tener fe y esperar que estos impresentables no sean más que una minoría; un puñado de sinvergüenzas que ensombrece la labor encomiable de sus colegas.

La realidad, sin embargo, es que no tenemos la más remota idea de cuántos policías y guardias corruptos hay. Desconocemos qué control efectivo se realiza sobre ellos en esta isla sin medios, que, por no tener, incluso carece de director insular de la Administración del Estado. Ya hace veinte días que Rafael García Vila dimitió, según se dice, por las maneras autoritarias de su superiora, la mallorquina Teresa Palmer. El caso es que seguimos sin tener sustituto para un cargo esencial a la hora de ejercer esa labor supervisora de las fuerzas del orden.

Mientras tanto, cuatro guardias civiles han sido imputados por presuntamente coaccionar a los ‘okupas’ del Club Robinson de Cala Vedella, en connivencia con un intermediario de los propietarios afectados.

No siento estima ni complicidad por los ‘okupas’ de Cala Vedella. Hay pueblos y ciudades donde se organizan en forma de movimientos culturales, reconstruyendo ruinas e integrándose en la sociedad del entorno. En Cala Vedella, sin embargo, se han dedicado a sembrar tensión e inseguridad. Durante años han actuado como gamberros y maleantes y raro es encontrar un vecino que no sueñe con su marcha. Ahora bien, que agentes de la Benemérita se dediquen a amedrentarles sin mediar órdenes judiciales o de sus superiores, en connivencia con los propietarios, como al parecer podría haber sucedido, constituye un abuso de poder y una forma más de corrupción policial.

Si fuera un caso aislado, no merecería la pena escribir sobre él en una columna de opinión. No ha habido heridos ni consecuencias graves. Pero resulta sintomático si se suma a otros sucesos que en los últimos tiempos se han producido en Ibiza y que nos dejan un regusto amargo: la sensación de que la podredumbre se ha extendido más allá de los límites habituales y que, además, sólo atisbamos la punta del iceberg de lo que está ocurriendo.

Recordemos que hace dos veranos, ochos guardias civiles, nada más y nada menos, fueron detenidos porque se apropiaban de parte de las drogas decomisadas a los pasajeros del aeropuerto, para traficar con ellas. A continuación, tenemos el polémico robo de casi tres millones de euros de la sede de Empresas Matutes, a manos de funcionarios de la Policía Nacional. Muchos detalles sobre este episodio se mantienen ocultos y es probable que nunca lleguemos a saber las verdaderas implicaciones del caso.

El pasado septiembre, dos guardias civiles fueron detenidos por sobornar y robar en el aeropuerto al secretario de un príncipe saudí que pretendía viajar con más efectivo del que permite la legislación. Y una semana después, otro agente de la Benemérita corrió su misma suerte, al verse implicado en una trama que pretendía introducir cantidades industriales de cocaína a la isla, a bordo de un avión privado.

Más allá del primer impacto, todos estos casos se han ido silenciando y los ciudadanos no hemos recibido la menor explicación. Como decíamos al principio, siempre ha habido policías corruptos, pero de un tiempo a esta parte algunos tenemos la sensación de que los índices se han disparado hasta niveles inéditos.

En la isla, nunca ha habido tanto efectivo pasando de mano en mano. Eso se traduce en más droga, más prostitución y más abundancia de todos esos ingredientes que coexisten en la atmósfera de despilfarro. La situación, a su vez, deviene en más delincuentes, más tentaciones y más falta de control; es decir, más corrupción policial. Hay que poner medios para frenar esta crisis o acabaremos perdiendo la confianza en las pocas instituciones que aún mantienen cierto atisbo de credibilidad. Alguien debe vigilar al vigilante.

Artículo publicado en las páginas de Opinión de Diario de Ibiza

 

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