Carlos Delgado, dimitido hace pocos días de su cargo como conseller de Turismo y Deportes del Govern, deja para la posteridad esa imagen tan edificante y celtibérica de sí mismo en la que, sonriente y con la frente salpicada de sangre, posa con unos testículos de ciervo recién rebanados sobre la cabeza, tras participar en una montería. Delgado, allá por el mes de noviembre de 2012, logró que el archipiélago fuera noticia a escala nacional e incluso allende nuestras fronteras, con bastante más repercusión que las campañas de promoción turística de Balears –tan impregnadas de Mallorca–, que impulsó su gabinete.

Aquella penosa imagen de las gónadas cérvidas compone el cénit de su carrera política, incluso por encima de la investigación judicial de la que aún es objeto por un posible caso de corrupción, relativo a su etapa como alcalde de Calvià.

Delgado, además, constituye el ejemplo definitivo de conseller mallorquín que gestiona de espaldas a las Pitiüses y que equipara, por sistema, archipiélago balear a Mallorca. De entre su herencia, más allá de retratos inmundos y sospechas de corruptelas, hay que rescatar dos perlas de actualidad que han contribuido a enmarañar profundamente la ya de por sí inhóspita burocracia relacionada con el urbanismo y la industria del ocio en el sector turístico.

En primer lugar, hay que acordarse del plan para renovar zonas turísticas, una medida impulsada por Delgado para facilitar la mejora y ampliación de establecimientos en las denominadas áreas maduras; un atajo veloz en comparación con los Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos que contempla la Ley General Turística. El propio Consell Insular de Eivissa reconoce abiertamente su mayor lentitud.

Entornos vacacionales como Cala de Bou, en Sant Josep; la urbanización Siesta, en Santa Eulària, o la localidad de Sant Antoni podrían haberse acogido a este plan. Los ayuntamientos afectados, de hecho, lo han estudiado. Sin embargo, el ex conseller se limitó a redactar un traje a medida para la Platja de Palma, con unas características tan concretas que lo hacen inaccesible para pitiusos y menorquines. De nuevo, una ley de rango autonómico que únicamente sirve a los intereses de Mallorca, quien, recordemos, es nuestro principal competidor turístico.

Pero aún peor es el lío monumental que parece va a acabar generando la disposición cuarta de la Ley General Turística; otra criatura de Delgado. Constituye una herramienta idónea a la que pueden aferrarse los negocios más piratas de nuestro territorio para legalizar irregularidades urbanísticas y ampliaciones de aforo, entre otras lindezas. Estos negocios tratarían de beneficiarse de un caldo de cultivo burocrático que favorece que Consell y ayuntamientos se laven las manos. De esta coyuntura emerge un caos en el que tienen cabida multiplicidad de interpretaciones. Las contradicciones entre los distintos responsables públicos pitiusos ya se han puesto de manifiesto y acabamos de empezar.

Con la nueva Ley, los establecimientos turísticos pueden realizar obras de remodelación de acuerdo a las sencillas características que impone la normativa del Govern (accesos para minusválidos, mejora de instalaciones…). Basta con presentar un proyecto y unos certificados técnicos que cumplan con los requisitos. Ante este hecho, el Consell debe fiarse de la palabra del empresario e informar favorablemente a los ayuntamientos. Éstos, ante la validación de la máxima institución pitiusa, probablemente responderán amén.

Delgado se fue, pero su herencia envenenada hará que nos acordemos de él a menudo. La cosa tiene bemoles.

Artículo publicado en el diario Última Hora Ibiza

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